Como marca la ley y la tradición priista, hoy, 1 de septiembre, la presidenta va a dar su Segundo Informe de Gobierno.

Ya podemos adelantar cómo será el espectáculo: palabras bonitas como pueblo, bienestar y transformación; cifras maquilladas o leídas a conveniencia; aplausos de políticos interesados en sus propios ascensos, no en el país; y una escenografía en la que no se van a escatimar recursos. Todo para convencernos de que el país es el de su discurso, no el de la realidad.

Pero el verdadero informe no está en lo que se va a decir. Está en lo que la presidenta va a callar.

Por supuesto, no se va a hablar de los atentados con coche bomba que siembran terror, como el que acaba de suceder en Zacatecas; ni del cobarde asesinato de Carlos Manzo; ni del país donde enfrentar al crimen puede costarte la vida mientras el gobierno responde con discursos, abrazos y cifras manipuladas.

Tampoco se va a hablar de periodistas asesinados como Roxana Guzmán Ramírez, periodista veracruzana que fue secuestrada por hombres armados dentro de su propia casa y encontrada muerta semanas después. Un caso brutal que resume el país que no cabe en ningún informe: periodistas amenazados, autoridades coludidas, familias destruidas y un poder que sólo se indigna cuando los delincuentes son de oposición.

No se va a hablar de los narcopolíticos señalados, protegidos o reciclados por el propio régimen. No se va a hablar de Rocha Moya como vergüenza política de Morena, ni de Enrique Inzunza regresando al Senado como si bastara decir “soy inocente” para conservar su sueldo y fuero.

Tampoco se va a hablar de que, mientras presumen austeridad, aparecen gobernadores viajando en aviones privados, políticos viviendo como reyes, familias convertidas en aristocracias y funcionarios que descubrieron que servir al pueblo deja muy buenos lujos.

También se va a callar todo lo referente a la corrupción de Segalmex y, mucho menos, se va a hablar del huachicol fiscal. Porque hay que decirlo: no son anécdotas menores; son redes enormes de corrupción que crecieron al amparo del poder, tocaron aduanas, movieron dinero público y dejaron claro que la transformación saquea a la nación mientras produce, con cinismo, discursos de superioridad moral.

En cambio, veremos a un gobierno buscando eufemismos para justificar el saqueo de siempre, mientras el costo lo paga la gente.

López Obrador lo dijo de manera brutalmente clara: no hay negocio jugoso que no lleve el visto bueno del presidente. Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién da el visto bueno para que suceda tanta podredumbre?

No es que no se haya hecho nada ni que no exista ningún resultado positivo. Claro que se han hecho cosas. Claro que hay resultados en algunos asuntos. Sería absurdo negar todo avance sólo por venir del poder que criticamos.

El problema es otro: este gobierno pretende que sus aciertos compren absolución para sus abusos. Quiere que, por recibir un programa social, la gente calle ante la corrupción y la violencia; que los aumentos al salario mínimo eviten que se hable de la impunidad; y que la palabra “pueblo” tape todo lo que se pudre debajo del discurso.

Ese es el informe que nunca dan: el de los muertos, los desaparecidos, los periodistas callados a balazos, los políticos señalados que siguen cobrando y la impunidad que la presidenta garantiza a todos los suyos.

Hoy Claudia, como buena política, va a informar sólo lo que le conviene al régimen. La realidad, como siempre, va a informar todo lo demás.