Los pueblos indígenas han de estar de fiesta: después de siglos de abandono, discriminación y pobreza, el gobierno por fin encontró la solución histórica: cambiarle el nombre a un paraje.

No arreglaron los caminos, tampoco llegaron las medicinas a los hospitales, menos fortalecieron las escuelas, ni protegieron sus lenguas y mucho menos escucharon realmente a las comunidades. Pero el nombre quedó precioso.

Qué alivio.

Ya no se llamará Paso de Cortés, sino Paso de los Pueblos Indígenas. Con eso, suponemos, se acabó la deuda histórica. No hizo falta mejorar servicios, garantizar seguridad, consultar de verdad a las comunidades, proteger sus territorios ni sacar de la miseria a nadie. Para alzarse el cuello, a la presidenta le bastó una ceremonia de rebautizo para que el Estado pudiera sentirse profundamente reparador.

Así es la justicia social de la 4T: no cambia la realidad, no repara el daño, no devuelve dignidad; sólo llama de otra manera a las cosas. Al final, eso es mucho más barato que ofrecer soluciones y es lo único para lo que, en su capacidad, les alcanza.

No es que el nombre de Cortés solucionara algo; pero el nuevo nombre tampoco. La diferencia es que ahora el abandono podrá tener una placa con nombre políticamente correcto.

Los pueblos indígenas no necesitan que el gobierno use su nombre para limpiar discursos. Necesitan derechos, presupuesto, seguridad, salud, educación y respeto. Pero eso cuesta capacidad y recursos, dos cosas escasas en un régimen que contrata por lealtad y reparte el dinero para comprar lealtades.

Para la 4T, que gobierna mejor los símbolos que la realidad, siempre será más cómodo hacer politiquería barata: quitar a Cortés del letrero, dejar intacto el abandono y llamar justicia a la escenografía.

No honran a los pueblos indígenas: los usan como decoración moral. Les prestan un nombre para tapar una ruina. Les dedican una placa para no dedicarles presupuesto. Les cambian el letrero porque no saben, no quieren o no pueden cambiarles la vida.