Ahora resulta que nuestros miserables gobernantes, esas mismas mierdas que a diario y a todas horas se limpian el culo con la ética, vienen a exigir ética.
Ellos, que mienten desde la tribuna, desde la mañanera, desde la curul y desde cualquier templete donde les pongan un micrófono. Ellos, que llaman justicia a la venganza, austeridad al enriquecimiento de sus familias y voluntad del pueblo a todo lo que les permite acumular más poder y riqueza. Ellos, con el fin de ocultar su miseria humana, quieren decidir cómo debe comportarse la prensa.
Hay que reconocerles el descaro. Hace falta una desvergüenza casi profesional para pasarse años pisoteando cualquier principio y presentarse después como vigilantes de la moral pública. No pueden explicar sus fortunas, sus contratos, sus familiares beneficiados ni sus promesas incumplidas, pero ya se sienten capacitados para enseñarle ética al periodismo.
La ética, para los políticos, siempre es una obligación ajena. Deben practicarla los periodistas, los empresarios, los jueces, los ciudadanos, los adversarios y, de ser posible, también las víctimas. Ellos no. Ellos están demasiado ocupados salvando a la patria, repartiéndose cargos, convirtiendo cada institución en una extensión de su partido y limpiándose la cola con las leyes para su propio beneficio. Eso es hoy un político.
No les interesa que la prensa tenga ética. Les interesa que tenga miedo. Que, antes de publicar una investigación, un reportero se pregunte si algún funcionario podrá llamarla “información falsa”, “contenido descontextualizado” o “campaña de la derecha”. No necesitan prohibir una noticia si consiguen que nadie se atreva a publicarla.
Por eso inventan códigos de ética para los demás. Porque “código de ética” suena mejor que “manual de obediencia”. Porque “derechos de las audiencias” resulta más presentable que “derecho del gobierno a decidir qué puede decirse”. Y porque todo censor necesita una palabra respetable con la cual limpiarse las manos.
Un medio ético no es el que nunca se equivoca. Es el que verifica lo que publica, distingue los hechos de las opiniones, reconoce sus errores y rectifica cuando tiene que hacerlo. Pero también es el que investiga al poder sin pedirle permiso y publica la verdad, aunque al gobierno le resulte incómoda, injusta o “descontextualizada”.
La ética periodística exige pruebas. La censura exige obediencia. Una obliga al periodista a responder por lo que publica; la otra le permite al gobierno castigar aquello que no quiere que se publique.
Digámoslo sin eufemismos: no quieren una prensa más ética, sino una prensa más dócil. No buscan proteger a las audiencias, sino protegerse de ellas; evitar que conozcan sus abusos, sus mentiras y sus raterías.
Cuando los ladrones dictan el código de ética de quienes los investigan, no están defendiendo la verdad: están tratando de borrar sus huellas.

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