Desde antes de 2018, Gerardo Fernández Noroña fue un legislador ruidoso, incómodo y a menudo excesivo. Sin embargo, incluso quienes lo detestaban podían concederle algo: parecía que su lucha tenía un componente moral. Exigía mejores comportamientos públicos, llamaba a renunciar a lujos y privilegios, y hablaba de austeridad como si fuera una obligación ética ineludible.

Su tono era tosco, pero el reclamo era entendible: no se puede impartir justicia al pueblo desde el lujo y el exceso.

Predicó austeridad mientras fue oposición; pero apenas llegó al poder abrazó la comodidad, los excesos y los viajes en business class. Su congruencia ética duró exactamente lo que duró su marginación del gobierno.

Así logró atraer a muchos: exigía sacrificios a legisladores, gobernantes y funcionarios. Pero cuando le tocó a él, quedó claro que lo suyo no era convicción, sino resentimiento. No combatía el privilegio: quería que le tocara. Lo que antes denunciaba como inmoral, empezó a relativizarlo como “normal”, “necesario” y hasta “merecido”, porque ahora —decía— representaba al país.

No cambió de principios: cambió de lugar en la fila.

La moral fue sólo un discurso útil; el privilegio, su destino.

Después de 2018, el poder no lo volvió más responsable ni más institucional. Al contrario: lo exhibió. El mismo hombre que denunciaba el lujo como un exceso inmoral hoy no pierde oportunidad para viajar en primera clase, justificar comodidades y normalizar exactamente aquello que antes condenaba.

Habla como asceta, pero vive como burócrata de lujo. Hoy habita una casa valuada en más de 12 millones de pesos. No se le conoce una trayectoria de trabajo social sostenido ni aportaciones personales relevantes a las causas que invoca. Su relación con la pobreza es retórica, no práctica. Nunca resolvió nada: sólo narró indignaciones. Convirtió la ética en utilería y la congruencia en estorbo.

Así es Noroña: un político que no gobierna, se queja. Su proyecto político es el berrinche permanente. No propone soluciones: administra agravios. Hizo de la queja su carrera y del grito su coartada.

Ahí quedan, como recuerdos incómodos, sus discursos del pasado —como aquel de 2010 en el que invitaba a renunciar a seguros y privilegios en nombre de la austeridad— que hoy no necesita desmentir: basta sepultarlos en el olvido. La ética fue su escalera; el olvido, su alfombra.

Su paso por la presidencia del Senado confirmó todo. Antes pedía ejemplo; después pidió indulgencia. Cuando no tenía poder, exigía virtud; cuando lo obtuvo, pidió comprensión y empatía. Aquellos lujos que antes eran ofensivos se volvieron, de pronto, perfectamente merecidos.

En lugar de elevar el estándar ético, lo rebajó como nunca. La llegada al poder no lo volvió estadista: lo volvió un parásito cómodo, instalado lejos de la realidad que dice defender.

Por eso hoy la gente ya no lo escucha: lo encara, y hace bien. No para debatir, sino para exhibir la distancia obscena entre lo que dice y lo que vive. Y su reacción es siempre la misma: soberbia, insulto, descalificación. El mismo tono de siempre, sólo que ahora desde arriba. El colmo fue obligar a un ciudadano a pedirle disculpas en el Congreso.

En pocas palabras: Gerardo Fernández Lloroña no combatía el privilegio; combatía que no fuera para él. Criticó lo que deseaba, no lo que rechazaba. No fue recompensado a pesar de su incongruencia, sino gracias a ella. La congruencia nunca fue su valor: fue su disfraz.

Lloroña no representa una alternativa política. Representa algo peor: la prueba viva de que quejarse no es gobernar, que gritar consignas no equivale a dar ejemplo, y que una ética usada sólo para acusar a otros no es ética: es oportunismo.