El descarrilamiento del Tren Interoceánico no es una tragedia inexplicable ni un error técnico aislado. Es un síntoma. Y como todo síntoma, apunta a una enfermedad más profunda: un modo de ejercer el poder donde la cercanía sustituye a la competencia, la lealtad reemplaza a la pericia y la familia se confunde con el Estado.

No se trata de probar que alguien movió mal una palanca o colocó torcido un riel. Eso le corresponde a los peritajes. Lo que sí puede afirmarse —y sostenerse— es que ningún proyecto estratégico debería operar en un ecosistema donde existen supervisores honoríficos para no tener responsabilidad, intermediarios sin cargo y operadores sin rostro institucional. Ese sistema no es accidental. Es nepotismo funcional.

Durante el sexenio del cretino de AMLO, se repitió hasta el cansancio una consigna: acabar con los intermediarios, limpiar la obra pública, moralizar el poder. Sin embargo, lo que ocurrió no fue la desaparición de las mediaciones, sino su privatización informal. El intermediario ya no fue el tecnócrata ni el burócrata: fue el amigo, el cercano, el familiar.

Ahí aparece la figura del honorífico: alguien que no cobra, no firma, no responde ante auditorías, pero observa, sugiere, acompaña y con moches abre puertas. Supervisar sin responsabilidad legal no es un gesto simbólico; es una aberración administrativa. Porque todo poder sin obligación de rendir cuentas se vuelve arbitrario. Y toda arbitrariedad, tarde o temprano, se traduce en negligencia.

En ese entramado emergen nombres que no son anecdóticos, sino estructurales. Bobby López no necesitó un cargo para convertirse en un punto de paso. El nepotismo contemporáneo no requiere nombramientos oficiales: administra el acceso. Decide quién se acerca, quién espera, quién entra y quién queda fuera. En un país donde el contrato público es botín, el acceso es moneda.

Lo mismo ocurre con Amílcar Olán, amigo cercano tanto de “Bobby” como de su hermano “Andy”, dos figuras que, por su cercanía familiar con el expresidente y con círculos de poder, fungieron como nexos informales entre el Estado y el sector privado durante la construcción del Tren Interoceánico. Investigaciones periodísticas han documentado que, mientras Bobby fue presentado como supervisor “honorífico” de la obra, Olán Aparicio se benefició de contratos millonarios y del control de insumos clave como la explotación de minas de balasto, material esencial para la estabilidad de las vías.

A los juniors sin talento no hace falta acusarlos de un delito específico para entender el problema: ningún hijo de presidente debería tener influencia directa en proyectos estratégicos sin un cargo claro, reglas precisas y vigilancia institucional, y menos aún en un esquema donde la supervisión y los negocios se entrelazan a través de amistades y vínculos familiares no formalizados en la arquitectura del Estado.

Cuando eso ocurre, el Estado se gobierna como rancho: por confianza social y relaciones personales, no por ley ni por procedimientos transparentes. Esa condición no explica por sí sola un descarrilamiento, pero sí pone en evidencia cómo una red de cercanías —donde el acceso y los contratos se negocian fuera de los canales institucionales— puede debilitar la estructura de control y rendición de cuentas que cualquier obra pública de gran escala requiere.

El argumento defensivo es conocido: nadie ha probado que ellos causaran el accidente. Exacto. Ese es el punto. En un sistema sano, alguien responde. En un sistema colonizado por cercanías, la responsabilidad se diluye. Nadie decide del todo, nadie supervisa de verdad, nadie carga con las consecuencias.

Cuando los contratos se asignan por afinidad y no por competencia; cuando la supervisión se vuelve simbólica; cuando la prisa política importa más que la ingeniería; cuando el apellido pesa más que el currículum, la seguridad y el control deja de ser un requisito y se vuelve un estorbo. («Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3 mil metros cúbicos» primo de los trivagos dixit.)

En ese contexto, el accidente no es una anomalía: es una consecuencia lógica.

Por eso el descarrilamiento no es sólo ferroviario. Es institucional. El tren salió de las vías porque el Estado mexicano decidió, hace tiempo, abandonar las reglas. Apostó a que la moral personal podía sustituir a los controles, que la confianza familiar podía reemplazar a la técnica y que la propaganda de la pureza bastaba para gobernar obras, presupuestos y vidas.

No fue un accidente.

Fue nepotismo convertido en gobierno.