Por más que digan que Salinas Pliego, a nadie nos gusta pagar impuestos. No es una frase retórica: es una verdad como una casa. Aún así, paga el rico con rencor, la clase media con angustia y el pobre con resignación. Todos, sin excepción, sienten que algo se les arranca del bolsillo para alimentar una maquinaria que parece diseñada para devorar recursos y devolver migajas.

Decimos “contribuyentes” para no decir “voluntario a la fuerza”. A fin de cuentas, ¿qué otra institución exige apoyo “solidario” bajo amenaza de cárcel?

Los impuestos son una de las pocas prácticas de la vida pública donde conviven, sin confundirse, la necesidad y la sospecha. Sabemos que sin ellos no habría calles, seguridad, hospitales, escuelas ni tribunales. Pero también sabemos que, a través de ellos, no sólo se financia lo común: prosperan políticos, burócratas, intermediarios, operadores y amigos del régimen, que aseguran su presente y el de sus futuras generaciones. Son criaturas que florecen donde el dinero es abundante y la vigilancia escasa. Por eso, la ética fiscal suele ser siempre más severa con el ciudadano que con el Estado.

La paradoja es brutal: los impuestos se presentan como un deber moral —“todos debemos aportar a lo común”—, pero en realidad se administran con la cola: opacidad, discrecionalidad, castigo selectivo. Por eso tanta gente sentimos que pagar impuestos es como pagar un derecho de piso, que nada garantiza; ni educación, ni seguridad, ni carreteras y aunque por increíble que suene, tampoco garantiza si quiera su responsabilidad: culpan al pasado.

Es cuando la desconfianza se vuelve crónica que el dilema ético estalla. Si pagar impuestos se asume como una virtud cívica incuestionable, el ciudadano desaparece bajo la obediencia automática; si, por el contrario, se entienden como un robo, el Estado se revela como un extorsionador que actúa con toda la fuerza de la ley. Ninguna postura se sostiene: una fabrica súbditos dóciles; la otra, rehenes permanentes. En ambos casos, la ciudadanía muere.

Un gobierno en el que sus miembros y familias se enriquecen sin vergüenza no puede cobrar con autoridad moral.

La verdad incómoda es que los impuestos no son un acto moral del ciudadano, sino un examen moral del Estado. Un Estado que gasta bien, que rinde cuentas, que castiga la corrupción, que protege al débil y limita al fuerte hace del impuesto un pacto social. Pero un Estado que derrocha, miente, manipula cifras y premia la lealtad sobre la competencia convierte el mismo impuesto en una herida abierta.

Así aparece la gran herejía moderna: la gente no evade porque sea mala, sino porque la ética del sistema se ha roto. La evasión es un síntoma, no una causa. A mayor abuso gubernamental, menor disposición a financiarlo. No es una defensa —la evasión perpetúa la injusticia—, pero sí es una explicación que ningún moralista quiere conceder: si el Estado no es digno de confianza, nadie quiere pagarle impuestos.

Si el Estado no es ético y transparente con los impuestos, el ciudadano deja de sentirse obligado y empieza a sentirse engañado.

Y entonces llegamos al punto ciego de todo discurso oficial: no es el ciudadano común quien ha quebrado la confianza; ha sido el propio Estado.

A pesar de las grandes evidencias no se investiga, ni se juzga a quienes comenten los grandes delitos; sino que vemos a un Estado que a todo ciudadano —hoy en día con especial énfasis a quien piense diferente— fiscaliza como el Gran Hermano. En pocas palabras castiga errores menores y se perdonan entre ellos los delitos mayores. Esa asimetría es la que convierte a la obligación fiscal en un acto de desconfianza mutua: el ciudadano paga dudando; el Estado cobra dudando del ciudadano —por eso usarán la súper computadora Coatlicue para fiscalizar todo movimiento https://www.elcontribuyente.mx/2025/11/usara-sat-supercomputadora-para-combatir-evasores-fiscales/

Por eso la pregunta esencial no es cuánto debe pagar el ciudadano, sino cuánto merece cobrar el Estado.

Porque un gobierno que dilapida, manipula y se absuelve a sí mismo no tiene autoridad moral para exigir lo que él mismo no cumple. Y ahí está el verdadero escándalo ético: no que algunos evadan, sino que quienes deberían encarnar la ley viven al margen de ella.

En un país donde el poder gasta sin vergüenza y rinde cuentas sin ningún pudor, pagar impuestos ya no se siente como un acto cívico: se siente como financiar tu propia indefensión.

Quizá el día en que el Estado entienda que la ética no se recauda, se respeta, ese día —y sólo entonces— pagar impuestos dejará de parecer un atraco y empezará a parecer un pacto.